- Nacionalización del petróleo, el gas, la gran minería y otros recursos naturales estratégicos. Para garantizar nuestra soberanía se considera prioritario la nacionalización de estos recursos y la consecuente disposición de la renta generada por ellos -del orden de los 25.000 a 30.000 millones de dólares anuales- a fin de lanzar un proyecto emancipador, democrático, federal y de avanzada como respuesta a los desafíos de la actual crisis mundial.
- El subsuelo será considerado un dominio nacional, tal como fuera establecido en el Artículo 40 de la Constitución de 1949, garantizando una justa coparticipación de las provincias en las rentas de los recursos estratégicos.
- Modificación inmediata del Código de Minería, el cual ha permitido a las corporaciones transnacionales mineras y a sus socios locales una explotación irracional y depredadora de nuestras reservas que, además, salen del país sin ningún tipo de control público, a mera declaración jurada. Se prohibirá la explotación minera a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro y similares.
- Protección del ecosistema, el agua, la tierra, los bosques nativos, los lagos y glaciares, que deben ser preservados de cualquier tipo de contaminación: las rentas privadas de las grandes empresas no pueden ser jerarquizadas frente al respeto a la vida y a la naturaleza. Se protegerán los parques nacionales y las tierras fiscales, junto a una dura restricción ante los procesos de extranjerización del territorio nacional.
- Plan Agrario Nacional: con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria que está en riesgo por la expansión de la frontera sojera; promover un repoblamiento del campo y limitar las áreas destinadas a cultivos transgénicos, con prohibición del uso de glifosato y otras sustancias tóxicas; atender a las demandas de tierra de las comunidades indígenas y campesinas; favorecer a los pequeños y medianos productores.
- Control público sobre los puertos, el comercio exterior y las exportaciones del sector, actualmente en manos de corporaciones transnacionales que se guían por sus exclusivos objetivos de lucro, sin tomar en consideración los intereses de la Nación.
- La recuperación de la soberanía económica y financiera
- Revisión de la legitimidad de la deuda externa tomando como punto de partida el dictamen del Juez Ballestero a partir de la denuncia de Alejandro Olmos, que hace años duerme en los cajones del Parlamento.
- Reforma tributaria: Es perentorio cambiar un sistema que desde hace décadas exhibe un perfil duramente regresivo, contemplando una disminución de los impuestos al consumo y el estricto control del impuesto a las ganancias, a la tenencia de la tierra y a las exportaciones, así como la imposición de gravámenes a las transferencias de activos y utilidades financieras, actualmente eximidas de impuestos.
- Políticas activas de defensa del Atlántico Sur, las Malvinas, la plataforma marítima y la Antártida
- Esta defensa incluye tanto la reivindicación de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas y la Antártida, como la ampliación de la soberanía marítima a 350 millas, junto a un estricto control sobre la explotación de los recursos pesqueros y las reservas submarinas de petróleo y gas.
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